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miércoles, 26 de agosto de 2020

 

 

 

  Prescripción y Caducidad en tiempos del Covid-19



          Autor: Abog. Moisés Víctor Mariscal Flores.

                    Socio principal en Mariscal&Galdos Abogados.

 

En la Resolución Administrativa N° 115-2020-PJ y Resolución Administrativa 147-2020-PJ, se ordenó la suspensión de plazos procesales y administrativos, la misma que se extendió hasta el 30 de junio del 2020.

De conformidad con las normas citadas, se dispuso el reinicio de labores del Poder Judicial, después del estado de emergencia decretado por el Gobierno Central, que obligó la suspensión de toda actividad judicial desde el 16 de marzo al 30 de junio del 2020, periodo en que se suspendieron todos los plazos procesales y administrativos, consecuentemente, quedaron en suspenso los plazos de prescripción extintiva, prescripción adquisitiva y caducidad, lo cual ha generado varios supuestos que son objeto de análisis en este artículo legal.

Previamente, debemos refrescar que la prescripción y la caducidad, tienen conceptos diferentes, requisitos y exigencias singulares, puesto que, en el Ordenamiento Civil Peruano, se conceden derechos cuya reclamación tienen duración indefinida, pero se pierden cuando el titular es negligente en usarlos, por ejemplo, en la prescripción por el transcurso del plazo señalado por la ley, se extingue la acción, pero no se extingue el derecho el cual se convierte en un derecho natural. Ahora bien, conviene precisar que en la prescripción se admite la suspensión y la interrupción y el plazo se cumple el último día, por ejemplo; existe un acreedor a quien el deudor le deben el capital e intereses, ordenándose por Sentencia Judicial su cumplimiento desde el 28 de febrero del 2010, siendo que el acreedor no accionó el pedido de ejecución de la Sentencia por espacio de 10 años, por lo que, su derecho prescribió al 28 de febrero del 2020, salvo que el deudor bajo alguna forma o circunstancia admitiese cumplir la acreencia mediante un pago con plazo diferido, entonces, la prescripción extintiva se habría interrumpido. Otro supuesto podría configurarse si el acreedor al fallecer dejó herederos menores de edad sin tener tutor instituido, entonces, el plazo se ve suspendido. Empero, queda claro que, si no ocurrió la suspensión o la interrupción, y pasaron 10 años, se perdió el derecho del interesado.

Por su parte en la caducidad, la ley concede derechos, que deben ejercitarse en un plazo predeterminado; bajo apercibimiento de extinguirse la acción y el derecho, pues el plazo es perentorio y su transcurso es fatal; no funcionando el derecho natural, como en el supuesto anterior. La caducidad no admite suspensión ni interrupción, por lo que, el titular tiene la facultad de ejercerlo hasta el último día cumplido.

Teniendo en cuenta lo desarrollado, se observa que en la Resolución Administrativa N° 115-2020-PJ y Resolución Administrativa 147-2020-PJ, se dispuso que a partir del 01 de julio del 2020, se podía presentar las demandas con vencimiento de plazo de prescripción y caducidad, sin embargo, existen diversas variantes que es importante tener en cuenta, así por ejemplo, supongamos que el afectado con un acto jurídico nulo, celebrado el 10 de octubre del 2008, recién toma conocimiento de su existencia el 30 de marzo del 2010, Como se sabe la acción de nulidad de acto jurídico vence a los 10 años, por ende, el interesado tenía hasta el 30 de marzo del 2020 para demandar, empero, con lo decretado por el gobierno se suspendió la atención en mesa de partes el día 16 marzo del 2020, siendo que al haberse reiniciado las actividades del Poder judicial el 01 de julio del 2020, el citado interesado tiene como fecha límite para poner su demanda el 14 de julio del año que corre, si lo hace fuera de dicho plazo, irremediablemente, la demanda debe ser declarada improcedente.

 Otro caso es cuando un poseedor sin título, es despojado de la posesión por el propietario por la fuerza, supongamos en fecha 02 de mayo del 2019, siendo que en mérito a lo dispuesto en el artículo 601 del Código Procesal Civil, se establece que la pretensión interdictal prescribe al año de iniciado el hecho que fundamenta la demanda, por lo que, el plazo para accionar vence el 02 de mayo del 2020, fecha en que era imposible presentar la demanda por la suspensión de plazos, por ello, desde el reinicio de las actividades jurisdiccionales en el mes de julio del 2020, se reactiva dicho plazo.

Otro supuesto se observa en la pretensión de retracto, donde se tiene 30 días naturales para accionar si el retrayente ha sido notificado con la venta mediante carta simple, digamos en fecha 23 de marzo del 2020, normalmente el plazo se computaba hasta el 23 de abril  de dicho año, por el cierre de mesa de partes judicial fue imposible demandar, aparentemente, el plazo caducó, son embargo, si setiene en cuenta lo regulado en el artículo 1994  inciso 8), concordante con el artículo .2005 del Código Civil, el plazo no corre pues excepcionalmente se suspende por la imposibilidad física de recurrir a un Tribunal Peruano, el plazo de  caducidad se inicia el 01 de julio y se extiende hasta el 30 de julio del 2020.

Igual situación tenemos en la acción de exclusión del heredero indigno, cuyo plazo para accionar judicialmente es de un año (artículo.668 C.C.); el plazo de un año para la comprobación del Testamento ológrafo (artículo 702 C.C.); el plazo de 02 años para la contradicción de la desheredación (artículo.750 C.C.); el plazo de 02 años para reivindicar la porción de terreno ribereño por avulsión (artículo. 940 C.C.). De igual modo, el propietario del predio sirviente tiene 05 años de plazo para pedir extinción de la servidumbre de paso por el no uso por el predio dominante (artículo.1050 C.C.). El donante tiene 06 meses para revocar la donación después de conocer las causales de desheredación (artículo.1639 C.C.); el dueño de la obra o comitente tiene 60 días desde el día de la recepción de obra para comunicar al constructor o contratista los vicios que presenta la obra y 01 año para accionar por daños y perjuicios. (artículo.1783 C.C.), y cuando la obra presenta peligro de ruina o graves defectos de construcción dentro de los 05 años de construida.

Caso diferente constituye la prescripción adquisitiva de domino por posesión continua, pública ininterrumpida, como dueño sea de mueble e inmueble de buena fe con justo título, o posesión de mala fe y sin justo título, la misma que se gana cuando se cumplen los plazos de ley para cada caso. Debe accionarse la usucapio en la vía del proceso abreviado, pero, la imposibilidad física derivada de la suspensión de plazos por el estado de emergencia, hace que solo a partir del 01 de julio del 2020, se puede presentar la demanda, aunque, cabe la posibilidad de que en ese día, el dueño, accione  Reivindicación, interrumpiendo el plazo ganado por el usucapiente. En ese supuesto, creo que el Juzgado, en primer lugar, debe ordenar acumulación sucesiva de procesos, y en la Sentencia deberá ordenar que la reivindicación es improcedente porque la usucapio ha sido ganada antes de la reivindicación. Ahora cabe dilucidarse, esa posesión para usucapir se suspende o no, con la cesación de actividades del Poder Judicial, rotundamente decimos no, porque el decurso prescriptorio del poseedor, continúa físicamente, sin depender de ninguna Resolución Judicial.

 

martes, 7 de julio de 2020

EL PROCESO VIRTUAL DE ALIMENTOS


EL PROCESO VIRTUAL DE ALIMENTOS


Por: Lilian Rosmery Ponce Machaca
Abogada por la Universidad Nacional del Altiplano
Egresada de la Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la UNA-Puno

Hoy en día los procesos virtuales se van implementando poco a poco; en el caso del proceso de alimentos, se comenzó con la utilización del formulario electrónico de demanda de alimentos o de aumento de pensión de alimentos. Según el caso, dicho formulario fue aprobado por Resolución Administrativa N° 331-2018-CE-PJ del 19 de diciembre de 2018 y ha sido utilizado en el órgano jurisdiccional de Moquegua. Al advertirse la celeridad que este proporcionaba, mediante la Resolución Administrativa N° 082-2020-CE-PJ del 24 de febrero del presente año, se han realizado las acciones necesarias para su implementación nacional.
El siguiente paso que se dio fue el 18 de junio de 2020, fecha en que el Poder Judicial publicó la Resolución Administrativa N° 107-2020-CE-PJ que aprobó la Directiva N° 007-2020-CE-PJ “Proceso Simplificado y Virtual de pensión de alimentos para los niños, niñas y adolescentes”.
Ahora bien, como es de público conocimiento, atravesamos una crisis sanitaria y uno de los temas que causa preocupación es el de los alimentos. Cabe recordar que en el artículo 472° del Código Civil peruano se establece que los alimentos son aquellos considerados indispensables para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación (…). Por ello, podemos concluir que son básicos para el correcto desarrollo y bienestar del menor. Y precisamente, por la función que cumplen los alimentos, esta es una de las demandas que más se presentan en los órganos judiciales.
Una respuesta a esta situación descrita es la Directiva N° 007-2020-CE-PJ, que, a simple vista, es una medida que acelera y mejora el proceso de alimentos por varias razones: 1) para la presentación de la demanda ya no será necesario apersonarnos al órgano jurisdiccional, puesto que podrá realizarse utilizando el formulario electrónico de demanda de alimentos o de aumento de pensión de alimentos; 2) la recepción de la demanda se realizará en la Mesa de Parte Electrónica o sino aplicando la línea de digitalización de los escritos judiciales, medida que está en relación directa con la pandemia del Covid-19 que en la actualidad atravesamos;  3) el auto admisorio es uno de los puntos que también merece atención, pues aplicando el principio de celeridad se consignará no solo la admisión de la demanda, el dar por ofrecido los medios probatorios y correr el traslado al demandado, sino que también se señalará la fecha de audiencia única virtual y se ordenará de oficio la asignación anticipada de alimentos, lo cual es un gran avance en la materia, pues reducirá el tiempo para llegar a una sentencia; sin embargo, también se observa que existe un poder discrecional del juez para requerir los medios probatorios de oficio, lo cual desnaturaliza el principio dispositivo del proceso civil. De hecho, otro aspecto controversial radica en que al demandante se le notificará con la contestación de la demanda durante la audiencia única virtual, y se le otorgará al demandante un tiempo prudencial para la revisión de la misma.
Todas estas modificaciones al proceso de alimentos tienen su sustento jurídico en hacer prevalecer el principio del interés superior del niño, regulado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se indica que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se atenderá será el interés del niño”, este principio es relevante para hacer efectivos los derechos fundamentales del menor, como es el acceso a los alimentos. Asimismo, esta Convención “impone a los jueces la obligación de administrar justicia de manera más activa (…) más allá de lo solicitado por las partes, para una mejor defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
En conclusión, consideró que el proceso virtual de alimentos está orientado a hacer prevalecer el principio del interés superior del niño; sin embargo, no puede dejarse de lado el respeto al debido proceso, pues como hemos advertido se observa que la Directiva N° 007-2020-CE-PJ, en su búsqueda de dar celeridad al proceso alimentario genera indefensión en determinadas etapas, lo cual debe ser corregido por el legislador para una correcta aplicación.



miércoles, 6 de mayo de 2020

Oralidad y expediente virtual




La oralidad en el proceso civil y el expediente judicial electrónico


Abog: Moisés Víctor Mariscal Flores.



La realidad judicial al mes de marzo del 2020, se caracterizó por el notorio retraso en la tramitación de los expedientes civiles y en la expedición de sentencias. A esto se une el problema de la pandemia del coronavirus que ha paralizado, literalmente, el trámite de los juicios civiles, por dos meses a la fecha y se prevé que se extenderá cuando menos un año.


Para conseguir solución a la demora de los expedientes civiles, se pensó en varias soluciones, como incrementar el número de juzgados civiles, designar a un juzgado liquidador y en un plazo improrrogable resuelvan los asuntos pendientes, o, incrementar juzgados ad hoc. Para esa tarea, la experiencia de los últimos años demuestra que las soluciones fueron de efecto relativo y escaso éxito, porque mantuvieron la misma mecánica procesal aplicando el principio dispositivo para todas las etapas del proceso, el cumplimiento a ultranza de las formalidades, y el mantenimiento de la escrituralidad, descuidando los plazos perentorios, todo para mantener el derecho de defensa.


En opinión de los procesalistas, se debe adoptar un nuevo modelo mixto de oralidad y escrituralidad, siguiendo los lineamientos del módulo civil corporativo  y el modelo de del caso o case management.  

                   
La adopción de este modo de litigar, tramitar y resolver los conflictos de  intereses, se condice con la decisión de la Corte Suprema de implantar a todo nivel e instancia el expediente electrónico. Nuestra realidad procesal exige un cambio sustancial, que sería el modo de la oralidad, abandonando el instrumentalismo, el formalismo y reduciendo el principio dispositivo solo a los actos postulatorios; retomando el trámite por audiencias, sin admitir pedidos de  nulidad; dictando sentencia en ese acto, salvo los asuntos complejos, cuya resolución debe  dictarse dentro del  plazo  concedido.


Para aplicar el modelo del caso o case management, considero que debe aprobarse un nuevo modelo de gestión de despacho judicial corporativo, en  el  cual se conformen equipos especializados de especialistas y auxiliares, dedicándose  un equipo al estudio de las demandas y sus requisitos; otro grupo  a la calificación de las excepciones, resolución de las mismas, contestación de la demanda, reconvención, auto de saneamiento, puntos controvertidos,  saneamiento probatorio, todo a realizarse en la audiencia preliminar, y  finalmente, un especialista en audiencias  debe encargarse del proceso hasta la sentencia y su notificación, pudiendo establecerse sub grupos por especialidades de nulidad de acto jurídico, derechos reales, derecho de las obligaciones, contratos, etc.; de tal modo que haya separación de las funciones para conseguir la oportuna y rápida solución de los conflictos.


Para alcanzar estos objetivos debe adoptarse el modelo propuesto, el mismo que, además, tiene las siguientes características:

1.- Reingeniería del Personal de especialistas y auxiliares (organigrama funcional y organigrama estructural). Al cual se le atribuye funciones jurisdiccionales de forma auxiliar.

2.- El modelo de gestión del conflicto, en el cual se especifica las funciones del juez, de los auxiliares jurisdiccionales, de los peritos y de los abogados y las partes, con los principios procesales que regularan la actuación de todos ellos así como y disposiciones dirigidas a lograr el adecuado desenvolvimiento de los sujetos procesales dentro del  juicio.

3.- Coordinación para la adopción del modelo del expediente judicial electrónico, que obliga a abandonar el clásico expediente de papel cosido, para optimizar la  tramitación y gestión del proceso judicial, para que el servicio de justicia se preste  de manera eficiente acelerada y transparente.

4.- Considero que la solución propuesta tiene la dificultad enorme por falta de infraestructura física, la ausencia de medios electrónicos en todos y cada uno de los juzgados de la Sede de la Corte Superior de Justicia de Puno; sumado a la necesidad de realizar el adiestramiento de los abogados; y, fundamentalmente, de los usuarios, quienes  van a necesitar del auxilio  de computadores, la  obtención y uso de los documentos nacionales de identificación electrónicos, especialmente, para  el uso de la mesa de partes electrónica.

5- Creo que con una adecuada política institucional y capacitación se podrá conseguir el manejo y consiguiente funcionamiento del expediente electrónico, siguiendo los parámetros del expediente de igual clase para los procesos laborales, comerciales y otros, que se mantiene vigente por haber sido aprobado  mediante la Resolución Administrativa 070-2019 CE PJ.


Finalmente, debo indicar que mi persona como abogado con 49 años de  ejercicio profesional, lo cual me otorga cierta solvencia práctica; y, en mérito al  ejercicio de la docencia universitaria  por  30  años, vengo trabajando en un  estudio más profuso en la oralidad y el expediente electrónico, cuyos resultados espero difundir a la brevedad posible
.

domingo, 3 de mayo de 2020

Cambio de paradigmas en el ejercicio del derecho









Cambio de paradigma sustantivo en el ejercicio de la abogacía

Autor: Abog. Moisés Pablo Mariscal Rivera.


Los hombres, aunque han de morir, no nacieron para morir, sino para innovar. (Hannan Arendt).



Desde el comienzo de la inmovilización social decretada por el gobierno nacional por el surgimiento de la pandemia motivado por el virus Covid-19, las redes sociales y en general la información, se encaminan con todo vigor al uso de plataformas en las que se adopte la comunicación virtual, así se ofrece toda clase de servicios, capacitaciones, servicios y demás; obviamente, los operadores del derecho se han subido al coche ya sea organizando charlas, discursos, diplomados, clases, maestrías, doctorados, etcétera.


En mi opinión, creo que todo ello es paradojal, pues hace muy poco tiempo busqué postular a un doctorado en una universidad importante de nuestro país, sin embargo, fui informado que se dictaría de forma presencial, sin alternativa alguna. Ante ello, observé el por qué de esa política teniendo a la mano tanta tecnología de por medio, pero sólo obtuve la respuesta de que la enseñanza era de carácter personalizada, creo yo por el afán de un mayor lucro; ahora bien, reflexiono cuál será la posición que adoptará esa universidad en este contexto en que se ha desatado la pandemia; obviamente, la respuesta cae de madura.


Por otro lado, los últimos días, el Poder Judicial viene emitiendo una serie de directivas y protocolos respecto a cómo se presentarán las nuevas demandas o escritos por mesa de partes. De hecho, un tema muy en boga es la oralización de las audiencias, sin embargo, existen miles de procesos de naturaleza civil contenidos en expedientes, lo cual creo es imposible que a la brevedad se digitalicen para oralizarlos, lamentablemente, es el costo de la decidía y del desinterés de las autoridades judiciales que viene de décadas atrás por cambiar esa situación en su momento. Por ello, implementar una política improvisada va generar un coste alto en la administración de justicia y la volverá más precaria de lo que ya es.


El objetivo de las observaciones que realizo están orientadas a dejar establecido que si bien es cierto que la pandemia del Covid-19, obliga a todos los que están vinculados al ejercicio del derecho a realizar un cambio de paradigma y promover innovaciones, esas deben ser profundas, donde primero se trabaje la sustancia y  luego la forma. Es decir, no se trata de que se suba una charla o un instructivo a las redes sociales, por el contrario, se trata de implementar una política seria de transformación digital.


Finalmente, considero que los abogados que ejercemos la profesión de forma independiente debemos ser permeables al cambio de paradigma e innovar en el ingreso al sistema digital, empero, sin perder la esencia, pues de nada sirve que manejes una plataforma virtual como el zoom y otras, si no tienes la menor idea del tema que tratarás. En ese sentido, creo que debemos identificar el nicho de trabajo en el que nos especializaremos, pues, ya no se trata de decir que, cómo abogado puedo ver cualquier tema. Por ello, si no innovamos de forma sustantiva, el camino será cuesta arriba y tal vez nos extermine, como lo hace el virus Covid-19, por ende, o innovas o mueres.

lunes, 2 de abril de 2018

LA INTERCULTURALIDAD COMO MECANISMO DE SOLUCION PARA PONER FIN A LA “JUSTICIA POPULAR” – ANALISIS CASO ILAVE



Por: Sandra Steysi Ramos Figueroa.

Abogada por la Universidad Nacional del Altiplano.
Abogado asistente en el estudio jurídico Mariscal & Galdos Abogados.

INTRODUCCION
Los Aymaras tienen consigo una larga historia resumida en la aparición del hombre primitivo del altiplano, que está ligado a Vizcachani, muestras de los antiguos hombres, de hace más de 5,000 años antes de Cristo, lo encontramos en las pinturas rupestres de Pizacoma y Mazocruz en el departamento de Puno.
Es posible como lo señala Víctor Sardón Espezúa que: “Los Aymaras ingresan al espacio del altiplano, con conocimiento de agricultura incipiente y que una vez establecidos en su nuevo espacio vital pusieron en práctica el cultivo de ciertas especies fáciles de doméstica, ocupando espacios en lugares aledaños o próximos por los grupos de los Uros de habla puquina a partir de los 200 años después de Cristo, hasta los 9000 años, las culturas de acuerdo a su ciclo evolutivo alcanzan su plenitud respecto al nivel técnico y artístico de su cerámica y textil era, entre las culturas más representativas están Nazca y Mochica, y en la zona del altiplano peruano – boliviano se desarrolla la cultura Pucará, posteriormente en el Horizonte Tiahuanaco de los 9,000 a 1,200 después de cristo se desarrolla el Tiahuanaco que al hablar el puquina, fueron los predecesores de los Aymaras.” (SARDÓN, 2005: 33-34)  
Los reinos Aymaras de acuerdo al espacio que ocupaban en el altiplano del Collao hasta la llegada del conquistador Inca, fueron varios, su organización social estaba basada en el Ayllu, que era la unidad de la sociedad de tipo colectivista formando por un clan de familia, compartiendo en común el producto de sus cosechas y los animales.
La nación tiene pueblos numerosos al interior, y esos pueblos son de indios. La nación está constituida por un crecido número de indios excedentes a la raza blanca moradora de la costa del pacifico”. Por su parte Cesar Lévano al prologar el libro “Aymaras Rebeldes” de Augusto Ramos Zambrano, se pregunta al leer las páginas de Juan Bustamante ¿Qué hubiera sido del Perú si sus gobernantes en lugar de defender a sangre y fuego a los gamonales, hubieran acudido a evitar el despojo de los campesinos del sur? Sin duda hubiéramos tenido un país menos injusto, y con menos prejuicios étnicos. En un folleto que escribió Juan Bustamante Dueñas, doce años antes de la guerra con Chile demandaba el reconocimiento de la nacionalidad Aymara”. (TAMAYO, 1998: 30-36). 
Por su parte, José Tamayo Herrera citando al autor Boliviano Franz Tamayo, señala: “¿Qué hace el indio por el Estado?” Todo. Se responde. ¿Qué hace el Estado por el indio? Nada. El indio se basta. El indio vive por si, tiene aunque en un grado primitivo e ingenuo todo el esfuerzo combinado que demanda la vida social organizada y constante: el indio es constructor de su casa, labrador de su campo, tejedor de su estofa, y cortador de su propio traje; fabrica sus propios utensilios, es mercader, industrial y viajero a la vez; concibe lo que ejecuta, realiza lo que combina, y en el gran sentido shakesperiano es todo un hombre, porque el indio agricultor o pescador  tiene siempre la cualidad de su raza: La suficiencia de sí mismo. La suficiencia que en medio de su depresión histórica, de su indignidad social, de su pobreza, de su aislamiento, en medio del olvido de los indiferentes, de la hostilidad del blanco, del desprecio de los imbéciles, de la propia suficiencia que lo hace autodidacta, autónomo, y fuerte: el indio es el verdadero depositario de la energía nacional; es el único que en medio de esa chacota llamado republica toma a lo serio la tarea humana por excelencia: producir intensamente, en cualquier forma ya sea mediante la labor agrícola o minera, ya sea en trabajo rustico o de servicio manual dentro de la economía urbana. Hay que aceptar en indio es el depositario del 90% de la energía nacional. Queda pues establecido que en la paz como en la guerra La Republica vive del indio o muy poco menos. Y es en esta raza que el cretinismo pedagógico, que los imbéciles constituyen en orientadores de la pedagogía nacional no ven otra cosa que vicios, alcoholismo, egoísmo y el resto. (TAMAYO 1993-57-58). 
CAPITULO I
EL AJUSTICIAMIENTO EN MANOS DEL PUEBLO Y LA NORMATIVIDAD EN EL PERU
2.1.  ANTECEDENTES HISTORICOS DEL AJUSTICIAMIENTO
En la historia de la humanidad y en sus diversas épocas, de manera su generis en el antiguo Perú, el “Ajusticiamiento Popular” era considerado como un derecho consuetudinario, en donde grupos sociales imponían sanciones ejemplares que consistían en castigos físicos y psíquicos. En el que se propinaban golpes con palos, piedras, hondas, zurriagos (azotes); sometían a trabajos forzados y sanciones pecuniarias, y por medio primaba la intimidación (sanción psíquica). Pero nunca llegaba hasta el externo de privarle la vida al desviado social o delincuente que cometiera un acto contrario a las buenas costumbres o actos delincuenciales.    
En el antiguo Perú, la forma más general de prevenir las desviaciones y los delitos se hacían a través del cultivo de los valores morales. Como la disciplina, el orden, la respeto por el bien común y privado, el respeto de sus autoridades y del derecho consuetudinario.  
La norma o principio que estaba en la cúspide de la superestructura era esas frases que nos han enseñado en la escuela “AMA SUA”, “AMA QUELLA” Y “AMA LLULLA”, principios legitimados y consagrados por la sociedad inca; por tanto, ningún habitante del antiguo Perú podía dejar de practicar estos principios. 
Por ser considerado sagrado y obligatorio, no podían trasgredir ni omitir, lo hacían al momento de encontrarse, esto nos hace entender de que los saludos se realizaban a través de estos principios, para ninguno se olvidara y quedaran gravados para siempre en el inconsciente de los habitantes, que hasta nuestros días se practica en algunos pueblos altos andinos. 
2.3. NORMATIVIDAD DEL AJUSTICIAMIENTO EN MANOS DEL PUEBLO
El llamado “ajusticiamiento en manos del pueblo”, en lo que va de la historia después de la invasión española ha venido cambiado el curso del verdadero sentido de “justicia popular” o la aplicación adecuada del Derecho Consuetudinario, que no contempla “quitar la vida”. Dado que en la visión andina siempre fue y es fundamental el respeto a la vida humana, como lo es el respeto a la vida humana, como lo es el respeto a la tierra, los cerros, los animales, a las plantas, los ríos y demás ecosistemas. Porque los lugareños consideran que el respeto al prójimo y sus recursos naturales, son parte de la convivencia ancestral y la sustentabilidad no solo propia sino también del futuro de la humanidad. Donde todos se necesitan, dado que en el mundo andino no existen poderosos ni autosuficientes si no que todos se necesitan unos a otros, bajo este principio el respeto y el derecho a la vida es fundamental. 
En el altiplano del sur del Perú, mases específicamente en el departamento de Puno, en los últimos meses y días se viene apreciando una diversidad de hechos en las comunidades indígenas y campesinas, ante el incremento de la delincuencia cometidos por personas ajenas a ellas de sus miembros. A quienes han empezado a aplicar sus normas consuetudinarias, es decir sancionarlos de conformidad a sus usos y costumbres. Cuyo único objeto es poner fin a los males dela delincuencia, que consideran ajenas a su sistema de valores, creencias y costumbres.  
 Si visitaríamos los centros penitenciarios (cárceles) de la región altiplánica, nos daríamos cuenta que al menos el 60% de los internos son campesinos e indígenas o personas o indignantes. ¿Qué paso, acaso la mayoría de los integrantes de las comunidades o de los pobres son delincuentes o lo son más delincuentes que los llamados integrantes de los sectores blancos/mestizos?, ¿Existe acaso, en la lista de, los grandes asaltantes de bancos algunos integrantes de estas comunidades campesinas?, o acaso se ha sabido que la banda de secuestrados de empresarios o asaltantes de cambistas y taxistas con los indígenas y campesinos. 
2.3.1.  DEFINICION DE LA REALIDAD
Que en estos casos que la normas son precisas y que garantizan a las personas, pero no de lo teórico en cuanto a la práctica es muy diferente porque los malos sistemas que toman las instituciones a la que podemos mencionar la Policía Nacional, en Juzgado entre otras.     
Es por eso que la necesidad plantea postergarse ellos mismos sin recurrir a los mismos que nos amparan y que por lógica estos hechos para una mejor convivencia que hay en ello que dichas normas, la justicia esta, pero no se hacen valer en muchos caos a menos que la población hagan suya la dicha justicia.       
CAPITULO II
EL CONFLICTO DE ILAVE
3.1. EL AJUSTICIAMIENTO EN MANOS DEL PUEBLO DE ILAVE
Días antes del 26 de abril 2004, los habitantes del Ilave, ciudad que está ubicado al sur del Departamento de Puno, a unos 50 kilómetros de la capital de dicha región, se pudo  ver a numerosas mujeres, más que hombres vestidas de negro, con vestimenta típica Aymara, la que suele usar para entierros, y para acompañar a los muertos en las costumbres aymaras, estaban sentadas en todo el perímetro de la plaza de armas, se guardaba silencio y tanto el chajjchado de coca el olor a alcohol se de baja sentir notoriamente, como presagiando un hecho fatal.  Tras haber decidido la población una medida de fuerza como es la huelga, para que el alcalde Cirilo Robles Callomamani, quien había sido acusado por hechos corruptos y mal manejo del presupuesto municipal, la gente esperaba que renunciara o diera muestras de rectificación ante una audiencia pública en el que no  había convencido como quería la población, la tensión, el frio y la impaciencia de la gente se apodera de dicha ciudad que es conocida por ser nexo comercial hacia el sur, para llevar a Tacna y Desaguadero productos de pan llevar, y por la tradición ganadera y agrícola de la zona. 
El 25 de abril en la noche en forma clandestina había entrado Fernando Robles con algunos regidores, para pernoctar en casa de un familiar, y el día 26 de abril en la madrugada reunir a otros regidores más y realizar una sesión de consejo municipal, al promediar las ocho de la mañana fueron ubicados por los pobladores, quienes lo rodearon, rompieron vidrios de la vivienda y al cercanos les propinaron una severa paliza a algunos regidores, otros huyeron, pero a quien no pudieron permitir que huya fue al alcalde Robles, a quien lo tomaron de rehén y desde tempranas horas hasta aproximadamente las tres de la tarde que falleció según el reporte médico a consecuencia de una shock hipovolémico, cual sacrificio redentor de Jesucristo, amarrado y golpeado con una turba dispuesta todo fue recorrido por las calles, por  las plazas, hasta finalmente con tanto golpe ser victimado después de una vía crucis que dejo conmocionado al país, y al mundo. Hay que añadir que en esos días se produjeron similares tomas de locales municipales tanto en Tilati – Huancané, y en Paucarcolla, que no se prolongaron como en el caso de Ilave.   
El proceso sobre el conflicto de Ilave en la vía judicial que al comienzo tuvo una expectativa indignante de la población que después se fue diluyendo, se capturo a supuesto responsable como el Teniente Alcalde y otros, que después fueron liberados, al no encontrar mayores pruebas. Este proceso en la actualidad ya tiene sentencia condenan a 30 años de cárcel a asesinos del alcalde de Ilave, Alberto Sandoval Loza y Valentín Ramírez Chino recibieron esta pena por el homicidio de Cirilo Robles en el 2004. 
Para comprender mejor estos hechos y el escenario donde la rueda del discurrir aymara salto nuevamente para el asombro, echemos una mirada a la historia y al discurso sobre los aymaras. 
CAPITULO III
INTERCULTURALIDAD EN EL PERU
La interculturalidad constituye un componente central, que se encuentra dentro de nuestra estructura social, y su práctica sin duda, contribuirá a potenciar el valor social de los indígenas. Asimismo, permitirá encauzar a nuestros pueblos hacia una coexistencia de respeto mutuo, de reconocimiento y de comunicación de doble vía; eliminando conflictos y creando nuevos espacios de los que haceres políticos, económicos y sociales que faciliten el desarrollo sostenido en el mundo actual, globalizante, de constantes cambios.
En la actualidad, la interculturalidad como proceso de interacción social se dinamiza y se operativiza cada vez más como una necesidad en la sociedad moderna globalizante, donde coexisten pueblos con diferentes lenguas y culturas en diferentes ecosistemas.
Entonces, la interculturalidad es un desafío de sociedades multiculturales, como la del Perú, donde es urgente impulsar procesos de intercambio, mediante acuerdos y consensos sociales, políticos y comunicativos que permitan construir: espacios de encuentro y dialogo; alianza entre seres y saberes, sentido y practicas distintas; plantear objetivos comunes.
El Perú está en un proceso lento ya que no aplicamos la pluriculturalidad y no tenemos una identidad cultural.
CONCLUSION
La interculturalidad es entonces un proyecto democratizador, por lo que en un contexto asimétrico entre una cultura indígena y una cultura llamada occidental, se debe como una condición previa y permanente devolver su dignidad a la cultura andina. La interculturalidad es esa dimensión de la vida humana en sociedad que tiene que ver con toda la urdimbre social, política y económica. Así entendida, a entes que un concepto de desafío vital, una actitud de apertura que nos libera de la tiranía, prejuicios y de los aprontes certezas absolutas, que nos conducen al estancamiento y a la intolerancia.
Hoy existe cierto consenso en que los seres humanos vivimos en un mundo de sociedades multiculturales y plurietnicas, y se anhela llegar a una interculturalidad. Pero, cuando revisamos y observamos con detenimiento los escritos y los discursos constatamos que estos conceptos son utilizados, unas veces, en sentidos opuestos, en otras ocasiones como términos equivalentes, sin embargo es necesario aclarar como reconocía María Heise que; “la interculturalidad surge de la polémica entre el proyecto integral de la modernidad y la corriente conocida como postmoderna. Sabemos que la postmodernidad surge frente al intento propiamente moderno de uniformizar el saber sobre la base de un método unitario, una racionalidad que se autocorona como la universal y única; y la postmodernidad afirma el carácter plural de la racionalidad, el carácter heterogéneo de las formas de vida; es decir: asevera que en nuestro planeta existen y coexisten diversos pueblos con ciertas características particulares”.
Este planteamiento parece ser el más adecuado para el logro de muestro sistema social y político en general y el sistema penal en particular sean cada vez más conformes a la diversidad cultural que caracteriza a nuestro país. Por el contrario es contraproducente el criterio resultante de amalgamar el reconocimiento incondicional del pluralismo cultural con los criterios de equivalencia de las culturas y del relativismo axiológico. Todo ello supone superar el enfoque maniqueista de oponer los indígena a lo español u occidental. Tanto el uno como el otro son bastante heterogéneos y han cambiado profundamente debido a la cohabitación e interrelación reciproca durante la Colonia y la Republica. Al respecto es de recordar que los Incas no lograron integrarse en una nación, las diferentes naciones que sometieron y, por lo tanto no las despojaron de sus tradiciones y costumbres. Por lo que debe tenerse mucho cuidado al hablar de cultura o mundo andino, de su renacimiento o fortalecimiento. La diversidad cultural actual de nuestro país es el resultado intermedio de un largo proceso profundamente condicionado por diversos modelos culturales, promovidos y defendidos por los diversos estamentos sociales y étnicos”. 
 La búsqueda de la identidad colectiva es todavía una tarea pendiente, pues entre una imagen dominadora y una dominada, es necesario construir una identidad colectiva imaginaria dibujada por nosotros mismos a fin de oponer la mirada del otro, para ello es necesario a reconocernos desde los elementos característicos de lo que somos, de lo que nos singulariza, para avanzar en autenticidad, y en forma dinámica hacer que esa identidad aparezca no en función del otro sino de nosotros mismos.
 En ese sentido, juega un papel importante el Estado, La Sociedad desde los dirigentes, las autoridades, los representantes, pero, también la educación en su sentido más amplio, Renato Ortiz al respecto señala: “Las identidades son diferentes y desiguales, porque sus artífices, las instancias que las construyen, disfrutan de distintas posiciones de poder y de legitimidad.
Concretamente, las identidades se expresan en un campo de luchas y conflictos en el que prevalecen las líneas de fuerza diseñadas por la lógica de la máquina de la sociedad” la discusión de la identidad por lo tanto es un aspecto central en nuestro país y se encuentra atravesada por una necesidad ontológica que busca definirse. Alguna vez lo  dije en un anterior texto que lo llame Ética de la Justicia “El Perú es un país racialmente fracturado. En su historia, la conquista instaura lo que podría denominarse “falla geológica” que aún permanece abierta; por este motivo, la posibilidad de desarrollar una cultura democrática debe tener como punto de partida la valoración de la diversidad étnica, cultural y lingüística que nos caracteriza y el reconocimiento de una igualdad a nivel de la condición básica del ser humano como tal, sin distinciones de origen étnico y  racial”     
BIBLIOGRAFIA

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2.    RIVERA, Víctor Samuel: “Un hombre asesinado brutalmente por el pueblo de Ilave, bajo la acusación de corrupción. El pobre hombre, antes de ir a morir hecho un guiñapo a un hospital, fue primero paseado por las calles por la turba indígena, apedreado, molido a golpes y vejado de diversas maneras.
3.    SARDON ESPEZUA, Víctor (2005). “Los Aymaras bajo el arcoíris del tiempo y del espacio”. Editorial WB Impresiones, primera Edición. Lima Perú.
4.    TAMAYO HERRERA, José (1998) “Liberalismo, Indigenismo y violencia en los países andinos”. Editorial Universitaria de Lima. Lima – Perú.
5.    VEGA, juan (2006). “Fuente ovejuna”. Editorial Didáctica, primera Edición. Lima Perú
6.    Zapata Campos Henry Darwin, Tesis de “ajusticiamiento en manos del pueblo y violación de derechos humanos en el Distirito Judicial Puno 2004”.

LA EXCLUSIÓN DEL JUEZ DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DENTRO DEL CONTROL DE ACUSACIÓN.



Por: Julio Vanz Núñez San Román.
Egresado por la Universidad Nacional del Altiplano.
Asistente en el estudio jurídico Mariscal & Galdos Abogados.
INTRODUCCIÓN
El proceso penal que viene rigiendo en la Región de Puno desde el año 2009, ha traído consigo, características distintas al anterior sistema procesal, que adoptaba principios inquisitivos, en el que se encontraban ausencias en garantías y derechos fundamentales. Por ello, la reforma del sistema inquisitivo al acusatorio adversarial, ha generado resguardo de derechos de los justiciables, así como las garantías mínimas y esenciales que lo rigen.
En éste sistema acusatorio se separan los papeles y se les encomienda a los sujetos procesales, quienes son distintos e independientes entre sí, para garantizar el equilibrio procesal en las distintas etapas del proceso y sobre todo en el juicio,  éste último deberá de ser llevado a cabo en contradicción de las partes adversas acusación (fiscal) y defensa (Abogado del imputado) frente a tribunal imparcial (Juez o Sala), además, debe de garantizar la tutela jurisdiccional efectiva, conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala en el artículo 16°, que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
En ese sentido, el presente artículo desarrollará si existen o no fundados argumentos que demuestren imparcialidad en el Juez de Investigación Preparatoria, cuando éste haya rechazado el requerimiento de sobreseimiento solicitado por el representante del Ministerio Público, en cuyo caso mediante Resolución Judicial deberá expresar las razones por la cuales lo desestimó; y, conforme establece el inciso 1) del artículo 346º del Código Procesal Penal, el Juez tendrá que elevar las actuaciones al Fiscal Superior, para que ratifique o rectifique la solicitud del Fiscal Provincial, de ratificar la petición de sobreseimiento, el Juez sin trámite previo dictara auto de sobreseimiento, pero, en caso de no estar de acuerdo con el Fiscal Provincial, ordenará a otro fiscal para que formule acusación. Por consiguiente, cuando el nuevo Fiscal presente la acusación, esta deberá de ser dirigida al mismo Juzgado que conoció el proceso, esto es, al Juez de Investigación Preparatoria que rechazó preliminarmente la anterior solicitud.
En ese orden de ideas, desde el momento mismo en que se notifica al imputado con la acusación fiscal se habrían vulnerado sus derechos, debido a que el acusado por ser persona humana tiene derechos inherentes, estos son, los derechos civiles que consagra la Constitución (libertad y defensa) y los que otorga el proceso penal (Juez imparcial y otros). Razón por la cual, propugnamos la idea de que se deba de apartar o excluir y/o se inhiba o recuse al Juez, por haber realizado el pronunciamiento previo sobre el fondo del conflicto.
PRINCIPIOS PROCESALES Y ACCESO A LA JUSTICIA.
El Código Procesal Penal ha traído consigo un compendio de nuevos principios y derechos que garantizan un debido proceso y aseguran el derecho defensa de los justiciables.
Entonces, para que el Juez penal realice una adecuada labor, esto es, lo garantice eficazmente, será necesario que actúe sin influencia política, económica o cualquier otro aspecto que genere imparcialidad. En ese sentido, es necesario desarrollar en principio a la tutela jurisdiccional efectiva, la misma que ha sido concebida por la Declaración Universal de Derechos Humanos como un derecho fundamental que tiene toda persona, asimismo, señala que para el examen de acusación y juicio debe de realizarse con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, coincidentemente refiere AUGUSTO MORELLO, que “el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva se configura, fundamentalmente, como la garantía de que las pretensiones de las partes que intervienen en un proceso serán resueltas por los órganos judiciales con criterios razonables y tiene como contenido básico el de obtener de los órganos judiciales una respuesta motivada a las pretensiones planteadas, y no manifiestamente arbitraria, ni irrazonable”. De ello, se tiene que todas las cuestiones planteadas por los justiciables deben ser resueltas razonablemente y proporcionalmente, de manera no arbitraria, esto es, que se deba llegar a la justicia partiendo de una debida actuación respetando los derechos del justiciable, observando los principios y garantías que la Constitución y las leyes establecen como límites del ejercicio de la función asignada.
Por otro lado, el sistema jurídico ha afirmado que la parte central del debido proceso es el derecho de defensa, ya que éste es un derecho fundamental, predicable a toda persona física, nacional o extranjera e incluso de las jurídicas, debido a que en ningún estado del proceso se puede estar privado de este derecho.
Ahora bien, el sistema procesal acusatorio garantista, parte  de la lógica del contradictorio, pues el Juez asume un rol propio manteniendo los estándares de legalidad al ser imparcial, este principio deberá de ser entendido como una garantía básica del proceso, siendo que en sentido crítico señala MONTERO AROCA que : “el juez deberá ser un tercero entre las partes, toda vez que resolverá la causa sin ningún  tipo de interés en el resultado del proceso sea por una vinculación subjetiva con alguna de las partes o por alguna vinculación con los elementos de convicción del proceso que hayan formado en su interior un pre juicio con respecto a la causa en concreto”. A su vez, el Tribunal Europeo ha desarrollado la división de imparcialidad en dos, uno subjetivo y otro objetivo; i) imparcialidad subjetiva.- La cual refiere que el Juez no debe tener ningún tipo de interés con el resultado a que pueda llegar el proceso para alguna de las partes, por ejemplo sea familiar, acreedor o tenga grado de enemistad, etc.; ii) imparcialidad objetiva.- Está referida que el sistema judicial debe de brindar las condiciones necesarias para evitar que el Juez caiga en el vicio de la parcialidad, es decir, que las normas que regulan su actuación de buscar que el Juez no tenga prejuicios o favorezca a alguna parte sobre otra en base al contacto que ha tenido con la causa.
De todo ello, se puede concluir que el proceso penal debe de respetar los derechos de los justiciables, observando los principios y garantías que la Constitución y las Leyes brindan, sometiendo la contracción a un tercero imparcial en todas las etapas del proceso penal.
RESPECTO AL APARTAMIENTO DEL JUEZ DE INVESTIGACIÓN POR PRONUNCIAMIENTO PREVIO.
          Para una mejor ilustración, es necesario delimitar cual es la razón que genera el pronunciamiento previo del Juez, en ese sentido, debemos traer a colación, que la fiscalía, dentro de sus facultades el ejercicio de la acción penal, correspondiéndole aplicar el principio de objetividad, para que dentro de aquellas pueda generar el archivamiento de una causa, así mismo, y después de emitir disposición de formalización de investigación preparatoria, éste puede solicitar  el sobreseimiento del proceso, basado en el artículo 344° del Código Procesal Penal.
          En ese sentido, cuando el fiscal determine por requerir el sobreseimiento, el Juez dentro de sus facultades podrá determinar la fundabilidad del requerimiento disponiendo el archivamiento del caso o en su caso mediante Resolución fundamentada precisando sus razones elevar al Fiscal Superior el sobreseimiento mediante auto.
Si el juez opta por segundo supuesto el Fiscal Superior, dentro de 10 días hábiles conforme el inciso 2) del artículo 346º del Código Procesal Penal, descidirà si ratifica el requerimiento de sobreseimiento o ordena a otro fiscal formule acusación, esto es, que decida si adopta la posición del Fiscal Provincial o del Juez.
Al respecto de lo último anotado, se tiene que en caso de que comparta la posición del Juez y que ordene a otro Fiscal presentar acusación, éste la  formula ante el mismo Juez, corriendo traslado éste último al imputado y demás sujetos procesales, para que éstos puedan ejercer su derecho de defensa.
Es el caso que, si el imputado conforme a sus atribuciones y derechos podrá solicitar el sobreseimiento de la causa, plantear excepciones o en todo caso y estando al pronunciamiento previo del Juez podrá desestimar cualquier actuación, por existir causas fundadas en motivos graves que afecten la imparcialidad objetiva o subjetiva del Juez, pues el éste ya formulo pronunciamiento de fondo sobre la conducta que tuvo el imputado al supuestamente cometer un delito, en consecuencia, tiene un criterio formado sobre el caso, pues ha analizado el fondo del mismo, más aún cuando se invoca los mismos hechos, concluyendo que al tener un criterio formado, resolverá de ante mano infundado el sobreseimiento o improcedente la excepción planteada por el imputado, y presentando el auto de enjuiciamiento.
Por lo tanto, de acuerdo con al inciso 1) del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Penal, señala que la justicia se imparte con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable, razón por la cual el Juez al rechazar el requerimiento del sobreseimiento presentado por el Fiscal, generará un pronunciamiento previo o prejuzgamiento, por lo tanto tendrá un criterio formado, entonces, se habrá generado en buena cuenta su imparcialidad, por lo tanto, deberá de ser aparatado o excluido del proceso para dirigir el debate en la acusación.
CONCLUSIÓN
El Juez de Investigación Preparatoria que emita pronunciamiento rechazando sobreseimiento requerido por el fiscal, deberá ser apartado o excluido del proceso, siempre y cuando el Fiscal Superior, después de la elevación de actuados, ordene a otro Fiscal que acuse. 
BIBLIOGRAFIA
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